La Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de Los Lagos rechazó cuatro solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios en su primera sesión extraordinaria de 2026, celebrada el viernes 6 de noviembre en Puerto Montt. Las iniciativas correspondían a sectores de las comunas de Maullín, Calbuco y Ancud, y fueron descartadas tras un proceso de evaluación técnica que consideró posibles impactos sobre comunidades locales e iniciativas de inversión pública y privada.

La CRUBC, presidida por el gobernador regional Alejandro Santana Tirachini, analizó y votó sobre las cuatro solicitudes. La primera fue el ECMPO Carelmapu en Maullín, que abarcaba 27.816 hectáreas en sectores del canal de Chacao, Carelmapu y Amortajado. Su rechazo fue respaldado por 40 votos en contra, uno a favor y cuatro abstenciones.

En Calbuco se presentaron dos solicitudes. La primera, ECMPO Isla Quihua, correspondía al sector Aucha, El Dao e Isla Quihua, con 6.838 hectáreas tras una reducción desde su extensión original. Fue rechazada con 40 votos en contra, uno a favor y cuatro abstenciones. La segunda, ECMPO Quihua San José, abarcaba el contorno sur de Isla Quihua con 323,8 hectáreas después de reducirse desde las 2.200 hectáreas originales. Recibió 38 votos en contra, dos a favor y cuatro abstenciones.

La cuarta solicitud fue ECMPO Chauman en Ancud, que contemplaba 77,79 hectáreas en la playa Chauman. Su rechazo se aprobó con 40 votos en contra, uno a favor y cuatro abstenciones.

La comisión también se pronunció sobre una solicitud de concesión marítima presentada por Fundación Chile en el sector Metri de Puerto Montt, a la que emitió una opinión favorable con 44 votos a favor y una abstención, considerando que no existía sobreposición con otros usos del borde costero.

Fundamentos técnicos de las decisiones

Tras la sesión, el gobernador Santana subrayó que los pronunciamientos se sustentan en un proceso de evaluación técnica independiente en el que participa una Secretaría Técnica autónoma, ciudadanía, quienes solicitan los espacios y comunidades del territorio. "No tiene ninguna connotación política, tiene una connotación 100% técnica", señaló la autoridad.

Santana explicó que las recomendaciones de rechazo se relacionaban con impactos potenciales sobre las comunidades y riesgos de afectar iniciativas de inversión pública y privada identificadas en los antecedentes técnicos. De esta manera, precisó, la comisión cuenta con fundamentos para sustentar sus decisiones sin que estas respondan a motivaciones políticas.

El gobernador regional también abordó la necesidad de revisar aspectos de la Ley Lafkenche, que regula los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios. Específicamente, planteó considerar criterios de proporcionalidad en las superficies solicitadas, pues según su análisis, las grandes extensiones contempladas en algunas iniciativas resultan incompatibles con otros usos del borde costero.

"Obviamente que la desproporcionalidad es una materia que genera que la propuesta sea inviable", manifestó Santana al referirse a las extensiones solicitadas y su relación con actividades existentes en la zona.

La autoridad enfatizó que la Ley Lafkenche cumple un propósito relevante al generar oportunidades para comunidades indígenas, pero argumentó que su aplicación debe considerar criterios que permitan resguardar usos tradicionales, actividades productivas y proyectos de desarrollo territorial. Señaló que corresponde al Gobierno y al Congreso analizar eventuales modificaciones legales o reglamentarias que brinden mayor certeza y permitan compatibilizar las distintas actividades del borde costero.

Santana reafirmó su reconocimiento hacia los pueblos originarios, aclarando que las observaciones a las solicitudes no deben interpretarse como una posición contraria a las comunidades indígenas, sino como parte de la necesidad de establecer criterios de viabilidad y proporcionalidad.