Las 58 familias del comité Nueva Ilusión, de Tegualda, llevan más de una década esperando su vivienda. La obra ya supera el 60% de avance, pero un cobro municipal de cerca de $52 millones ha generado un conflicto entre el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de Fresia. Este lunes, la Seremi de Vivienda anunció que llevará el caso a la Contraloría Regional de Los Lagos.

El cobro corresponde a derechos municipales por la ocupación temporal de la faja de un camino público, necesaria para ejecutar las obras del proyecto. Esas intervenciones incluyen el mejoramiento del sistema de Agua Potable Rural (APR) de Tegualda, que beneficiará a toda la localidad y no solo a las nuevas viviendas. El proyecto pertenece al Programa de Habitabilidad Rural DS10 y cuenta con apoyo del Gobierno Regional para la habilitación del terreno y las soluciones sanitarias.

La Seremi sostiene que la faja es competencia de la Dirección de Vialidad, según el artículo 41 del DFL N.º 850. Señala además que Vialidad ya aprobó provisionalmente su ocupación en febrero, mediante la Resolución Exenta N.º 371, para las cañerías, atraviesos y cámaras del APR en el camino Tegualda–Fresia–Los Muermos–La Pasada. En agosto, la Seremi citó un dictamen de la Contraloría del año 2000 que consideró improcedente un cobro similar en caminos públicos.

"Agotamos las instancias de diálogo y administrativas que estaban a nuestro alcance. Por eso recurriremos a Contraloría, para que determine la procedencia de este cobro. No podemos permitir que una situación administrativa termine perjudicando a familias que llevan años esperando su vivienda", señaló el seremi Mario Marchant.

La Seremi calificó el caso como inédito en la región. Hace pocos meses entregó en la misma comuna el conjunto rural Newenta Muchuya, de 60 viviendas, sin que mediar un cobro de este tipo.

En una declaración de fines de julio, la Municipalidad de Fresia sostuvo que la tramitación estaba detenida porque el certificado enviado por el Serviu no establecía expresamente que ese servicio actúa como mandante de la obra, requisito que consideraba indispensable. El municipio había pedido un nuevo documento. También afirmó que el pago de los derechos municipales corresponde exclusivamente a la empresa constructora y que las familias del comité no deben asumir ningún costo por esa obligación.

La Contraloría deberá determinar si el cobro procede. Mientras tanto, la construcción continúa. El caso se da en un contexto en que la Seremi de Vivienda se fijó la meta de 19 mil viviendas para la región al 2030.