A casi dos años de volver a la alcaldía de Osorno, Jaime Bertín enfrenta una seguidilla de cuestionamientos: un auto que el concejo se negó a comprar, una instrucción de Contraloría por el uso de su imagen, gastos que dividen al concejo y declaraciones que han generado reacciones.

Bertín, contador de profesión y exmilitante de la Democracia Cristiana, fue gobernador de la provincia de Osorno desde 2000, intendente de Los Lagos entre 2006 y 2007, y ya había dirigido el municipio entre 2008 y 2021. Regresó en diciembre de 2024 como independiente, tras ganar la elección por apenas 163 votos y poner fin a 32 años de alcaldes democratacristianos en la comuna.

El auto que no fue

El 22 de septiembre, el Concejo Municipal rechazó por cinco votos contra cuatro la compra de una Ford Explorer 2026 por cerca de $37,5 millones, destinada a la alcaldía. Votaron en contra los concejales Miguel Arredondo, Cecilia Ubilla, Arturo Buschmann, Javiera Cabello y Natali Guissen, que cuestionaron la justificación del gasto y los antecedentes técnicos presentados.

El alcalde defendió la compra argumentando que el vehículo actual, de 2019, acumula fallas. "Un auto con más de 7, 8 años de uso es un peligro", sostuvo. Tras la votación, lanzó una advertencia: "Si mañana ese auto tiene un accidente, recuérdenlo".

Contraloría y las redes del municipio

El 16 de septiembre, la Contraloría Regional de Los Lagos notificó al municipio el oficio N° OF178235/2026, en el que le instruye ajustarse estrictamente a la normativa sobre publicidad y uso de medios digitales institucionales. El organismo constató que las cuentas oficiales difunden de forma reiterada el nombre y la imagen del alcalde en publicaciones sobre reuniones con organizaciones, visitas inspectivas, inauguraciones y actividades deportivas, y pidió que la comunicación se oriente a informar sobre la gestión de la institución.

La presentación la hizo el concejal Miguel Arredondo. Bertín respondió que esas publicaciones muestran el trabajo diario del cargo y responden al deber de informar a la ciudadanía.

Una pileta de $450 millones

A comienzos de septiembre, el concejo aprobó adjudicar la rehabilitación de la pileta de la Plaza de Armas, apagada desde 2023, por $449.854.954 de recursos municipales. Según el municipio, el proyecto instala 50 bombas de agua nuevas, 66 focos LED y un sensor de viento, y quedó en manos de Asesorías Hidráulicas Limitada, elegida entre cuatro oferentes, con 150 días corridos de obras y dos años de mantención.

La concejala Natali Guissen votó en contra y planteó que esos recursos debían destinarse a necesidades más urgentes de la comunidad, como medicamentos e insumos. El alcalde defendió la inversión como una forma de recuperar uno de los espacios emblemáticos de la ciudad.

146 medallas de oro

Otro frente se abrió con la licitación de 146 medallas de oro para reconocer años de servicio de funcionarios municipales, por $76,9 millones, cerca de $527 mil por medalla. La concejala Cecilia Ubilla cuestionó el costo. La Asociación de Funcionarios Municipales defendió el reconocimiento como un derecho adquirido que se mantiene hace más de 30 años, y el alcalde señaló que la compra está en revisión. A mediados de septiembre, la licitación aún debía pasar por el concejo.

La deuda con Cenabast

En marzo, la concejala Guissen alertó por un posible desabastecimiento de medicamentos en la salud municipal, debido a una deuda con la Central de Abastecimiento (Cenabast). El municipio reconoció una deuda cercana a $500 millones, aunque el alcalde negó que existiera un quiebre de stock. En mayo, el concejo aprobó un convenio para pagarla en cuotas mensuales durante un año.

Una auditoría integral

A esto se suma la auditoría integral que la Contraloría inició en junio sobre la administración municipal, confirmada por la concejala Guissen tras reunirse con el contralor regional, Mario Quezada. La revisión abarca, entre otros puntos, el registro de asistencia de los funcionarios, el Departamento de Salud Municipal, las suplencias de directivos y juicios en que el municipio no se habría defendido.

La relación con el concejo

Las tensiones con parte del concejo vienen de antes. En febrero de 2025, la Corte de Apelaciones de Valdivia acogió un recurso de la concejala Guissen, que usa silla de ruedas, y ordenó al municipio garantizar la accesibilidad del edificio consistorial y habilitarle una oficina provisoria. En julio de ese año, la concejala acusó al alcalde de desacato ante la Contraloría, lo que Bertín rechazó.

Sus dichos sobre migración

En junio, el alcalde vinculó el aumento de la delincuencia en Osorno con la migración irregular y pidió realizar redadas. "Por cada delito que se comete siempre hay un extranjero involucrado", afirmó.

Las cifras matizan esa afirmación: según un estudio del Centro de Estudios Públicos con datos de la Defensoría Penal Pública, en 2022 los extranjeros eran el 8,2% de la población y el 5,3% de los condenados, aunque aparecen sobrerrepresentados en algunos delitos específicos. Además, los municipios no tienen competencias en control migratorio ni en materia policial.