Por Óscar Garrido Álvarez, rector de la Universidad de Los Lagos.
En la discusión del Presupuesto 2027 hay una pregunta que suele quedar detrás de las cifras: ¿quién asume el costo de las obligaciones públicas cuando el financiamiento no llega, llega tarde o pierde valor? La respuesta del proyecto parece ser esta: las universidades del Estado. El Estado conserva la capacidad de fijar las reglas y encargar tareas; las instituciones deben resolver cómo cumplirlas con menos recursos y mayor incertidumbre.
Esa transferencia de riesgo es el rasgo político que debiera ocupar el centro del debate. El programa de Fortalecimiento de la Educación Superior Pública concentra la rebaja propuesta para educación superior. Frente a la Ley inicial de 2026, los instrumentos destinados a las universidades estatales acumulan unos $39 mil millones menos. Al mismo tiempo, se reducen recursos de gratuidad y del Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE), afectando directamente a los estudiantes, mientras sube el financiamiento del Crédito con Aval del Estado (CAE) que mayormente reciben instituciones privadas. La eliminación del Aporte para el Desarrollo de Actividades de Interés Nacional (ADAIN) y de la línea de Educación Superior Regional, junto con el término del Plan de Fortalecimiento sin continuidad asegurada, tiene un sentido político concreto: retirar soportes que permiten sostener funciones públicas y capacidades instaladas. No se trata de programas accesorios. Su ausencia puede interrumpir iniciativas de investigación, cultura, innovación y trabajo territorial que tardan años en construirse. Si el Estado espera que sus universidades respondan a desafíos nacionales y regionales, debe hacerse cargo de las condiciones para que puedan hacerlo. A ello se suma que el inflactor presupuestario es 2,88% por debajo de la inflación proyectada, ello implica que los costos se actualizan y los recursos públicos no lo hacen en la misma medida.
La discusión no termina al aprobar o rebajar una partida. Para una universidad estatal, el presupuesto se vuelve una obligación de funcionamiento: pagar remuneraciones, sostener docencia, atender estudiantes, mantener laboratorios y cumplir compromisos con el territorio. El problema se agrava cuando los montos aprobados no están disponibles a tiempo. Para una universidad, la oportunidad del financiamiento no es un detalle contable, define si puede planificar, contratar, ejecutar una investigación o sostener un servicio cuando se necesita.
A la vez, el proyecto reduce el margen para utilizar excedentes del Fondo Solidario. Son recursos de las propias universidades, recuperados de créditos, no es un nuevo gasto fiscal. El Estado restringe transferencias, limita el acceso a recursos propios y mantiene intactas las responsabilidades institucionales. Así se obliga a las universidades a cubrir con su caja y sus decisiones internas costos que corresponden a compromisos públicos. Cuando estas capacidades se debilitan, las regiones pierden herramientas para definir su futuro y aumenta la distancia entre los lugares donde se producen las decisiones y aquellos que viven sus consecuencias.
Esta fórmula también altera la relación entre autonomía y responsabilidad. Se exige a cada institución responder por sus resultados, sostener equipos y asegurar continuidad, pero una parte decisiva de su capacidad depende de asignaciones cuyo monto, calendario y disponibilidad se definen fuera de ella. Una institución puede administrar con eficiencia; no puede planificar con certidumbre si desconoce cuándo recibirá los recursos aprobados o qué proporción de sus fondos propios podrá usar. En las universidades regionales, hay menos alternativas para compensar el déficit y más responsabilidades que no pueden abandonarse sin afectar servicios en el territorio.
No planteo que las universidades deban quedar al margen de la responsabilidad fiscal que nos atañe. Planteo que esa responsabilidad no puede consistir en mantener el mandato público y desplazar sus costos hacia instituciones que el propio Estado obliga a operar con recursos insuficientes, menos oportunos y más restringidos. Si una política pública requiere presencia territorial, investigación y formación, su presupuesto debe reconocer el costo real de sostenerlas, si bien, esta es una discusión de larga data, el presupuesto actual acentúa esas contradicciones.
Como rector de una universidad estatal regional, no puedo leer este presupuesto como una suma neutral de partidas. Expresa qué capacidades el Estado está dispuesto a sostener y cuáles deja expuestas al ajuste. La responsabilidad fiscal importa, pero también importa la distribución del esfuerzo y el costo de desarmar instituciones que cumplen tareas que ningún otro actor garantiza en todos los territorios.
El Congreso tiene la oportunidad de profundizar la discusión y corregir, restituir recursos basales, asegurar transferencias con plazos verificables, ajustar los aportes a los costos efectivos y permitir que las universidades usen sus recursos propios para cumplir obligaciones vigentes. La pregunta decisiva no es solo cuánto se reduce el presupuesto. Es si el Estado está dispuesto a responder financieramente por las tareas que encarga. Un Estado que mantiene la misión, pero externaliza su costo y su incertidumbre, debilita desde dentro la institución pública que dice necesitar.
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